Tribunal Electoral le dicta al INE reglas más claras para la competencia electoral con miras al 2024

Buscar equidad en contienda, el propósito

La Sala Superior del Tribunal Electoral le pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que estableciera reglas para regular y supervisar el proceso del Frente Amplio por México y evitar que se afectara la equidad de la competencia, medidas que también se aplicarían a las alianzas de Morena y sus socios. Con el voto en contra de tres magistrados, la mayoría del pleno del Tribunal decidió no invalidar la convocatoria y detener el proceso interno impulsado por PAN, PRI y PRD, al argumentar que no se trata de un engaño a la ley.

El magistrado presidente Reyes Rodríguez sugirió que el Consejo General del INE emitiera reglas, en un plazo máximo de cinco días naturales, para regular este y otros actos parecidos, propuesta que fue aprobada por la mayoría.

En esas reglas, el INE deberá determinar el tipo de propaganda que se permite, de acuerdo con la naturaleza de estos procesos. En especial, deberá evaluar si se mantiene o se retira la propaganda masiva en anuncios espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas, entre otros.

Los funcionarios públicos tienen que aplicar los recursos públicos que manejan de forma imparcial y no pueden usar propaganda gubernamental con fines políticos.

Además, las prerrogativas de acceso a radio y televisión que tienen los partidos políticos no podrán usarse para la sobreexposición de los aspirantes o participantes de estos procesos político-partidistas.

La fiscalización de estos procesos deberá ser especializada para vigilar el origen y uso de los recursos empleados, además de que debe ser un ejercicio rápido apegado a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

El Consejo General deberá definir el periodo sujeto a revisión considerando el momento desde que empezaron; el tipo de gastos que se contabilizarán; gastos ordinarios y aquellos que se podrían considerar que benefician a una persona desde una perspectiva electoral. Los partidos deberán presentar sus informes de ingresos y gastos en los tiempos y formatos que indique la autoridad electoral y los resultados de la fiscalización deberán presentarse en un dictamen consolidado y una resolución por parte del Consejo General del INE preferentemente cuando se resuelvan los informes de precampaña. “Todos los actos que pudieran implicar un llamado directo o claro a votar a favor o en contra de una persona para una precandidatura, candidatura o un cargo de elección popular siguen estando prohibidos y deberán investigarse, incluso, de oficio y sancionarse conforme a la ley”, expresó el magistrado Reyes Rodríguez. “Estoy de acuerdo con la propuesta en cuanto a que la convocatoria y el proceso para elegir a la persona pueden afectar la equidad en la competencia del proceso electoral que viene, el del 2023-2024 que iniciará en septiembre.

Sin embargo, desde mi punto de vista esta posible afectación puede evitarse a partir de la emisión de reglas generales por parte del Consejo General del INE”, afirmó.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora defendió su propuesta al señalar que este proceso contiene una serie de acciones que buscan seleccionar al candidato a la Presidencia de la República en 2024. “Es lo adecuado y lo necesario para proteger el Estado de derecho en el ámbito electoral”, dijo. “Con estas conductas se violan las prohibiciones relacionadas con el inicio anticipado de los actos tendentes a la selección de candidaturas, lo cual necesariamente se traduce en la violación de los principios de legalidad y equidad en la competencia”, advirtió. Con respecto a los lineamientos